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Mauricio Weibel con COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN Rol: C10624-22

Consejo para la Transparencia, 10/01/2023

Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenándose la entrega de informes de autoevaluación, evaluación externa -pares- y acreditación emitidos desde 2014 a la fecha de la solicitud, de las instituciones que se indican. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, se desestimó la causal de distracción indebida esgrimida por la reclamada. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente), Presidente
  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C10624-22

Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación

Requirente: Mauricio Weibel

Ingreso Consejo: 23.10.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenándose la entrega de informes de autoevaluación, evaluación externa -pares- y acreditación emitidos desde 2014 a la fecha de la solicitud, de las instituciones que se indican.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, se desestimó la causal de distracción indebida esgrimida por la reclamada.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1335 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de enero de 2023, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C10624-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de octubre de 2022, don Mauricio Weibel, solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación -en adelante e indistintamente, CNA-, lo siguiente:

"informes de Autoevaluación, Evaluación Externa (pares) y Acreditación emitidos desde 2014 a la fecha de las siguientes instituciones, a nivel institucional, de pregrado y postgrado:

1. Academia superior de estudios policiales de la Policía de Investigaciones de Chile

2. Academia de Ciencias Policiales de Carabineros

3. Academia de Guerra Aérea

4. Academia de Guerra del Ejército

5. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

6. Academia Politécnica Aeronáutica

7. Academia Politécnica Militar

8. Academia Politécnica Naval

9. Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos

10. Escuela de Grumetes

11. Escuela Militar del Libertador Bernardo O´Higgins

12. Escuela Naval Capitán Arturo Prat

13. Escuela de Investigaciones Policiales

14. Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo

15. Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea

16. Escuela de Suboficiales del Ejército

17. Escuela de Suboficiales de Carabineros

18. Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por medio de Ordinario N° 902 de fecha 18 de octubre de 2022, el órgano comunicó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio N° DP-001051-22 de fecha 19 de octubre de 2022, el órgano respondió el requerimiento y denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Así, refirió que el requerimiento alude a un elevado número de antecedentes, cuya tramitación significaría distraer a funcionarios de la Dirección de Gestión Interna y del Departamento de Fiscalía del cumplimiento regular de sus labores habituales. Agregó que, dada la carga laboral adicional que significaría responder al requerimiento, la CNA se ve impedida de dar cumplimiento a lo pedido.

Por otra parte, informó que en el enlace que indicó al efecto, la CNA mantiene a disposición del público las decisiones de acreditación de los distintos procesos de acreditación, del cual se puede descargar en formato excel.

4) AMPARO: El 23 de octubre de 2022, don Mauricio Weibel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

El reclamante señaló que "no resulta razonable que siendo a labor del órgano reclamado la acreditación niegue acceso a la información, mucho menos dado los medios tecnológicos que disponen para realizar sus labores. Por lo demás, siquiera entregan lo que ellos estiman adecuado, simplemente niegan todo acceso".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo y confirió traslado al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación mediante Oficio N° E25470 de fecha 2 de diciembre de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Al respecto, por medio de Oficio N° DP-001261-22 de fecha 27 de diciembre de 2022, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos:

Precisó que, en cuanto a los informes de acreditación, la CNA mantiene permanentemente a disposición del público las decisiones de acreditación de todos los procesos de acreditación, donde se pueden descargar los informes de acreditación.

En cuanto a los informes de autoevaluación y de evaluación externa, reiteró la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Indicó que las IES se han sometido a 26 procesos de acreditación institucional, 1 proceso de acreditación de pregrado y 4 procesos de acreditación de postgrado. Es decir, se están solicitando antecedentes relativos a 31 procesos de acreditación, que corresponde a cerca de 60 informes de autoevaluación y de evaluación externa total. A modo de ejemplo, indicó que la extensión de un informe de autoevaluación y evaluación externa es de alrededor de 750 páginas.

Agregó que la fiscalía de la secretaría ejecutiva cuenta con 2 abogados, que tienen a cargo la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, cuyas respuestas son visadas por el fiscal de la institución, además de tener a cargo las labores de redactar y visar contratos administrativos de compras públicas, elaborar y visar contratos del personal, entre otras funciones que indicó. Refirió que considerando que la solicitud se refiere a documentos o antecedentes que contienen información que pudiese afectar los derechos de terceros, la Unidad de Fiscalía hubiese estado obligada a elaborar, solicitar firmar y notificar los oficios respecto de cada una de las instituciones de educación superior requeridas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

A su vez, indicó que en la Sesión Ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2022 la Comisión acordó la aprobación de dos nuevos procedimientos para la evaluación de programas de postgrado, en atención a que la CNA se encuentra ejecutando una gran cantidad procesos de acreditación de programas de magíster y doctorado, debido al aumento en la cantidad de solicitudes de acreditación y a los efectos, aún persistentes, ocasionados por la pandemia, tales como la suspensión de las visitas de evaluación externa. En razón de lo anterior, precisó que la CNA dictó la Circular N° 36, de 17 de octubre de 2022 -que se adjunta-, estableciendo dos nuevos procedimientos para la evaluación con fines de acreditación de programas de doctorado y magíster, cuyos principales objetivos son rediseñar la evaluación de modo que sea más abordable, considerando la tendencia al aumento en la participación en los procesos de acreditación de los programas de magíster, así como también, lograr una mayor cantidad de decisiones de acreditación antes del cumplimiento del plazo de elegibilidad de los programas para el otorgamiento de financiamiento estatal, a fin del año en curso.

Así, refirió que para dar cumplimiento inmediato a la solicitud de información, la CNA hubiese estado obligada a destinar, al menos, a dos Generalistas de la Dirección de Evaluación y Acreditación, por al menos cinco días hábiles completos, a actividades de búsqueda y recopilación y actividades de lectura, análisis y revisión de la información solicitada. Señaló que, las actividades de búsqueda y recopilación se relacionan con la época de la que se solicita información, ya que los antecedentes anteriores al año 2017 se encuentra en un sistema de gestión documental externo, mientras que, desde dicha época en adelante, los antecedentes se encuentran digitalizados en el Sistema de Información SAC. Por su parte, indicó que las actividades de lectura, análisis y revisión tendrían como finalidad informar a la Unidad de Fiscalía para que ésta verificase la eventual procedencia de una causal de secreto o reserva distinta a la esgrimida en el caso de marras, que podrían sr la establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) y N° 3 de la Ley de Transparencia, ya que por una parte la solicitud podría referirse a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, al tratarse en procesos en desarrollo, o bien, en razón de que la información requerida se refiere a antecedentes cuya publicidad podría afectar la seguridad de la nación, la defensa nacional o la mantención del orden y la seguridad pública, al tratarse entre otras materias, de información estratégica y patrimonial de IES pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de informes de autoevaluación, evaluación externa y acreditación emitidos desde el 2014 a la fecha del requerimiento, en relación a las instituciones que se indican.

2) Que, respecto a los informes de acreditación, respecto de lo cual el órgano en su respuesta adjuntó enlace web donde se encontraría la información requerida, cabe señalar que conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". Al respecto, sin perjuicio de que el órgano adjuntó link de búsqueda donde se encontraría la información pedida -fuente y lugar-, el órgano no señaló la forma precisa de acceder, en el mismo, a los informes de acreditación requeridos. Así, a juicio de este Consejo, el órgano no ha cumplido con su obligación de informar en aplicación a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, alegada por la reclamada, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, sobre la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

5) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, no precisó el tiempo específico que implicaría atender el requerimiento en los términos consultados, en relación a la dotación de personal de la cual dispone, refiriendo únicamente la cantidad de información a revisar -cantidad de informes- y la dotación de personal -2 personas- de a unidad respectiva, alegación que resulta insuficiente para efectos de acreditar la causal invocada..A su vez, no precisó la forma concreta en que la entrega de lo pedido, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en circunstancias que la respuesta a solicitudes de acceso y la entrega de información pública forma parte de sus funciones. En este sentido, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, deben ser interpretadas restrictivamente. Por lo anterior, será desestimada la configuración de la causal de reserva invocada.

7) Que, a su vez, respecto a las eventuales nuevas causales que el órgano señaló podrían configurarse de entregarse la información, esto es de afectación de derechos de las personas, afectación al privilegio deliberativo y a la seguridad nacional, cabe señalar que la reclamada únicamente refirió la posibilidad de que, en los documentos pedidos, luego de revisados, pudieren existir información que afectare algunos de los bienes jurídicos tutelados, alegación hipotética sobre la cual no se acompañó antecedentes suficientes que acrediten la afectación a alguno de los bienes jurídicos tutelados.

8) Que, en cuanto a la publicidad de lo pedido, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

9) Que, en efecto, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, que permite dar cuenta, además, de la evaluación de las instituciones referidas, y sobre lo cual se desestimó la causal de distracción indebida que fuere esgrimida, no advirtiéndose la concurrencia de causales de secreto o reserva adicionales que justifiquen la denegación de lo requerido, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de lo pedido.

10) Que, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

11) Que, no obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mauricio Weibel en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información requerida en la solicitud consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre informes de autoevaluación, evaluación externa -pares- y acreditación emitidos desde 2014 a la fecha de la solicitud, de las instituciones que se indican, a nivel institucional, de pregrado y postgrado, o mediante la correcta aplicación de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Asimismo, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Weibel y al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Presidente don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.